Perú: Estrategias para la Licencia Social y el Desarrollo

Perú: vías para lograr la licencia social y fortalecer la confianza comunitaria en iniciativas sostenibles

La licencia social vinculada a proyectos sostenibles en Perú se concibe como un proceso en constante evolución que integra el respeto normativo, un diálogo intercultural efectivo, una gestión ambiental exhaustiva y una distribución equitativa de los beneficios. Alcanzar y conservar dicha licencia supone ir más allá de las autorizaciones oficiales, pues exige generar confianza comprobable entre las comunidades locales, las autoridades regionales y la sociedad civil. A continuación se presenta una guía práctica que incluye el marco legal, diversas herramientas y casos peruanos ilustrativos.

Qué es la licencia social y por qué importa

La licencia social representa el grado de respaldo y confianza que la comunidad y otros actores locales brindan a un proyecto. No constituye una autorización legal, sino un aval social que disminuye riesgos operativos y de reputación. En Perú, su relevancia es particularmente elevada en sectores como minería, energía, infraestructura y agricultura debido a la presencia de comunidades rurales e indígenas, así como a la sensibilidad frente al manejo de los recursos hídricos y los territorios.

Marco legal y actores clave en Perú

– Perú ha confirmado su adhesión al Convenio 169 de la OIT, instrumento que reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas y exige llevar a cabo procesos de consulta previa. – La Ley N.º 29785 fija el marco que regula la consulta previa a pueblos indígenas u originarios, coordinada por el Estado con la participación del Ministerio de Cultura. – Entre las autoridades y entidades pertinentes se incluyen gobiernos locales y regionales, el Ministerio de Cultura, SENACE encargado de la evaluación de impacto ambiental, OEFA responsable de la fiscalización ambiental, así como fiscalías y la defensoría del pueblo. – Los actores no estatales abarcan comunidades campesinas e indígenas, organizaciones locales, municipalidades, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y medios locales.

Causas frecuentes de conflicto: lecciones de casos peruanos

– Agua y gestión territorial: inquietud por posibles impactos en manantiales de agua potable y zonas de riego, con ejemplos notorios como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. – Consultas comunitarias percibidas como tardías o insuficientes, lo que alimenta la sensación de imposición y detona manifestaciones. – Escasa claridad respecto a los beneficios económicos y a las oportunidades de empleo para la población local. – Sensación de daño ambiental, sea comprobado o latente, junto con la falta de medidas de mitigación que puedan verificarse. – Canales de comunicación poco funcionales y ausencia de vías accesibles para presentar quejas.

Aprendizajes: proyectos que fallaron lo hicieron por falta de diálogo temprano, análisis intercultural y reparto visible de beneficios. Casos con avances positivos combinaron acuerdos firmados, fondos fiduciarios, contratación local y monitoreo independiente.

Fases para obtener licencia social: hoja de ruta práctica

Diagnóstico participativo temprano: identificación de actores, revisión de condiciones socioeconómicas y culturales, establecimiento de una línea base ambiental y recogida de percepciones locales antes de definir la inversión.
Diseño conjunto de medidas: elaborar de manera colaborativa iniciativas de manejo ambiental, compensaciones y acciones de desarrollo territorial junto a representantes legítimos.
Consulta y consentimiento: cumplir la normativa de consulta previa cuando corresponda y facilitar espacios de diálogo informado que favorezcan el consenso.
Acuerdos formales de beneficio compartido: creación de convenios marco, estructuras de gobernanza comunitaria, fondos locales o fideicomisos con normas transparentes y verificables.
Contratación y desarrollo de capacidades: metas claras de empleo para residentes, capacitación técnica y fortalecimiento de proveedores locales.
Mecanismo de quejas y resolución rápida: disponer de un canal permanente, acceso a mediación independiente y plazos definidos de respuesta.
Monitoreo participativo e independencia: publicación de indicadores, auditorías externas e integración de observadores de la comunidad.
Gestión adaptativa y transparencia continua: modificar acciones según los resultados y difundir información entendible sobre avances y recursos utilizados.

Instrumentos y métodos específicos

Convenios de desarrollo local: contratos entre empresa y comunidades con metas medibles (infraestructura, salud, educación, empleo).
Fideicomisos o fondos de inversión social: administración independiente de recursos para proyectos locales con reglas acordadas.
Mesas de diálogo y comités mixtos: instancias regulares con representación comunitaria, municipal y empresarial con actas públicas.
Monitoreo comunitario: protocolos de seguimiento participativo del agua, biodiversidad y emisiones, con resultados públicos.
Programas de contratación local y encadenamientos productivos: objetivos cuantificados de compras a proveedores locales y capacitación técnica.
Políticas de transparencia: portales de datos, reportes en lenguaje local y reportes ambientales verificados por terceros.

Indicadores prácticos para medir licencia social

Proporción de comunidades que mantienen acuerdos firmados y en plena vigencia.
Grado de aprobación obtenido en las encuestas regulares sobre percepción comunitaria.
Total de quejas registradas y plazo promedio empleado para su resolución.
Participación del empleo local, tanto directo como indirecto, respecto al total generado.
Capital invertido en iniciativas de desarrollo local impulsadas mediante procesos participativos.
Hallazgos de las auditorías ambientales y nivel de cumplimiento de los planes de manejo establecidos.

Resolución de conflictos y gobernanza

– Priorizar mecanismos de prevención: diálogo continuo, transparencia y ejecución visible.
– Si surge conflicto, activar canales independientes de mediación (municipal, regional, defensoría del pueblo o terceros reconocidos por las partes).
– Evitar medidas policiales como primera respuesta; privilegiar negociación con plazos y acuerdos intermedios.
– Incorporar sanciones y cláusulas de revisión en acuerdos para garantizar cumplimiento y adaptación.

Prácticas óptimas del sector

Minería: planes de cierre tempranos, manejo del agua con estaciones de monitoreo comunitarias, acuerdos de uso de vías y compensaciones por transporte.
Energía e hidrocarburos: rutas de diálogo para impactos en movilidad, protocolos por seguridad alimentaria y rutas de contratación para proveedores locales.
Infraestructura: estudios participativos de impacto social, programas de mitigación de ruido y polvareda, empleo estacional con prioridades locales.
Agricultura y agroindustria: asistencia técnica permanente, mejora de mercados locales y esquemas de acceso al agua que respeten usos tradicionales.

Ejemplos representativos y lecciones obtenidas

– Conga (Cajamarca): la desconfianza en torno al uso del agua y una comunicación que llegó demasiado tarde generaron disputas prolongadas; la principal enseñanza fue incorporar evaluaciones hídricas participativas y consensuar la administración del recurso antes de impulsar el proyecto. – Tía María (Arequipa): las manifestaciones derivadas de percepciones sobre efectos económicos y ambientales evidenciaron que la participación social y la entrega de beneficios tangibles para los pequeños agricultores resultan decisivas. – Proyectos con mejores resultados: los que implementaron fondos fiduciarios con gobernanza compartida, sumaron proveedores locales y promovieron supervisión independiente lograron disminuir fricciones y alcanzar una aceptación más estable a lo largo del tiempo.

Lista de verificación operativa para los equipos del proyecto

¿Se llevó a cabo un mapeo de actores y se reconocieron líderes con legitimidad?
¿Existe una línea base ambiental y social difundida y explicada en el idioma local?
¿Se elaboraron mecanismos de participación y consulta acordes con la cultura de la comunidad?
¿Hay un fondo o sistema de beneficios con gobernanza clara y sometido a auditorías?
¿Se implementó un canal de quejas accesible y con tiempos de respuesta definidos?
¿Se fijaron indicadores públicos junto con un calendario para el monitoreo participativo?
¿Se incluyó desde el comienzo un plan de cierre y de legado social?

Riesgos de no lograr la licencia social

El costo puede ser económico (retrasos, paralizaciones, pérdida de inversión), institucional (sanciones, revocación de permisos), y reputacional (pérdida de acceso a mercados y financiamiento). En Perú, la sensibilidad sobre recursos hídricos y territorios tradicionales hace que la ausencia de licencia social derive frecuentemente en conflictos prolongados.

Construir licencia social en Perú exige tiempo, respeto intercultural y transformación de la relación empresa–comunidad hacia la coproducción de beneficios y manejo de riesgos. La combinación de cumplimiento legal (consulta previa, evaluaciones ambientales), medidas tangibles de desarrollo local, transparencia financiera y monitoreo independiente crea las condiciones para que los proyectos no solo sean viables económicamente, sino social y ambientalmente sostenibles. La confianza se gana con hechos verificables, diálogo constante y la capacidad de adaptar los compromisos cuando la realidad lo exige; es una inversión estratégica que protege la viabilidad del proyecto y el bienestar de las comunidades a largo plazo.