La Fiscalía General de la Nación anunció que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay será investigado bajo la figura de crimen de lesa humanidad, un paso que garantiza que el proceso judicial no prescriba y permanezca activo hasta esclarecer todas las responsabilidades. La decisión marca un hito en la investigación, elevando la gravedad del caso y colocándolo al nivel de otros magnicidios históricos en Colombia.
El asesinato de Uribe Turbay, llevado a cabo en un atentado contra el dirigente político del Centro Democrático, fue considerado por las autoridades judiciales como una agresión organizada con intenciones políticas, y no como un evento aislado. Esta clasificación conlleva que tanto la investigación como las posibles penas legales no estén sujetas a prescripción, garantizando así un monitoreo constante hasta el completo esclarecimiento del delito.
Detalles sobre los imputados y el desarrollo del caso
Hasta este punto, la Fiscalía ha llevado a juicio a cuatro personas relacionadas con el asesinato, bajo la acusación de homicidio agravado. Entre los implicados está alias “el Costeño”, acusado de ser el autor intelectual del crimen; alias “Claro”; alias “Andrea” o “Gabriela”, quien supuestamente suministró el arma al joven sicario; y Cristian Camilo González, quien manejó la moto utilizada para huir después del ataque. Además, William Fernando González, conocido como “el Hermano”, ha sido formalmente acusado por su implicación en el atentado.
Dos de los detenidos enfrentan cargos adicionales por concierto para delinquir, por presunta organización previa del crimen. Las penas previstas para estos delitos oscilan entre 33 y 50 años de prisión, reflejando la gravedad de los hechos. Las autoridades continúan investigando quién ordenó el atentado, mientras la sociedad colombiana exige justicia y esclarecimiento total.
Crimen de lesa humanidad: definición y alcance en Colombia
En Colombia, se considera crimen de lesa humanidad a una acción sumamente grave realizada como parte de un ataque amplio o sistemático dirigido contra la población civil. Estos actos criminales abarcan asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, deportaciones, desplazamientos forzados, agresiones sexuales y persecuciones por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al que Colombia pertenece, define y estipula que estos delitos no tienen caducidad, permitiendo que los implicados sean perseguidos y sentenciados en cualquier momento. La esencia principal es que las acciones formen un esquema planificado y sistemático, orientado hacia civiles, sin tener en cuenta la presencia de conflictos bélicos o guerras.
Señales distintivas entre un crimen de lesa humanidad y un homicidio común
Los expertos destacan tres criterios esenciales para identificar un crimen de lesa humanidad:
- Contexto: los actos ocurren como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil. No se trata de incidentes aislados ni accidentales.
- Magnitud: involucran múltiples y graves violaciones, como asesinatos masivos, torturas o desapariciones forzadas, generando impactos significativos sobre la sociedad.
- Intención: buscan afectar de manera deliberada a un grupo específico, motivados por razones políticas, ideológicas, étnicas, religiosas o de persecución. En el caso de Uribe Turbay, se trata de un ataque directo contra líderes y seguidores de un partido político, con el objetivo de debilitar su representación y generar miedo entre la población afín.
Implicaciones legales y políticas
La calificación de este asesinato como crimen de lesa humanidad eleva su relevancia frente a otros magnicidios ocurridos en Colombia, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos procesos judiciales se extendieron durante décadas. La Fiscalía enfatiza que esta categorización asegura que las investigaciones continúen activas, manteniendo la exigencia de justicia ante la sociedad.
El abogado Víctor Mosquera, quien actúa en nombre de la familia Uribe Turbay, destacó que “esto no fue un incidente aislado, sino un ataque sistemático dirigido a un líder opositor, con consecuencias políticas directas que pretendían impactar a un partido completo”. Esta visión resalta la seriedad del asunto y enfatiza la importancia de clarificar las responsabilidades de todos los involucrados y de quienes ordenaron el crimen.
