Miles de empleados se encuentran en una situación de incertidumbre económica debido al cierre del Gobierno federal de EE.UU., mientras que otros continúan recibiendo sus salarios sin interrupciones.
En momentos de transición política y financiera, el cierre temporal de las agencias federales plantea un desafío significativo para numerosos empleados públicos. Aunque algunos recibirán su pago en tiempo y forma, otros se encontrarán en una situación más compleja. A continuación, exploraremos quiénes están autorizados a cobrar y quiénes no durante este tipo de contingencias, aportando claridad sobre un tema que afecta tanto a las familias como a la economía en general.
¿Qué personas continúan recibiendo su pago durante el período de cierre?
Los empleados catalogados como “esenciales” o “exentos” mantienen sus actividades laborales durante una interrupción de las operaciones del Gobierno federal y, consecuentemente, continúan percibiendo sus salarios. Estos individuos desempeñan funciones en sectores vitales como la seguridad nacional, la salud pública, la prevención de catástrofes, la administración de fronteras y otras tareas que no pueden detenerse sin poner en peligro a la comunidad. Por ejemplo, en este grupo se incluyen agentes de la patrulla fronteriza, personal de hospitales militares y especialistas en vigilancia de pandemias. Su trabajo es considerado imprescindible y se les requiere asistir a sus puestos incluso si no se ha aprobado el presupuesto para su entidad.
Además, los contratistas federales que prestan servicios esenciales pueden también estar en la lista de quienes siguen cobrando, siempre que su trabajo esté incluido en el contrato bajo condiciones de emergencia o continuidad operativa. En estos casos se garantiza el pago inmediato, sin esperar a que se restablezca el presupuesto.
¿Qué sucede con los empleados “no esenciales”?
A diferencia de los considerados esenciales, los trabajadores federales que desempeñan funciones no críticas, denominados “no esenciales” o “no exentos”, pueden ser suspendidos temporalmente (furloughed) durante un cierre. En esa condición, su salario se detiene hasta que se restablezca el financiamiento de su agencia. Por ejemplo, empleados de oficinas administrativas que no tienen contacto directo con emergencias o servicios vitales suelen quedar en esta situación.
Mientras se encuentran en un estado de suspensión, estos empleados no llevan a cabo sus funciones laborales, si bien en muchos casos siguen siendo considerados «empleados» desde una perspectiva legal. No perciben remuneración por las horas no trabajadas, y la reactivación de su sueldo está condicionada a que el Congreso apruebe nuevamente los fondos. En ocasiones se han dado autorizaciones salariales con carácter retroactivo, pero esto no es una garantía ni ocurre de forma automática.
¿Y los contratistas no esenciales?
Los contratistas que no ofrecen servicios esenciales enfrentan una mayor vulnerabilidad. Si la agencia federal para la que trabajan no está recibiendo presupuesto, el contrato puede paralizarse. Aunque hay mecanismos que permiten que algunos reciban pago retroactivo una vez que se restablezca el financiamiento, el cobro inmediato no está asegurado. Por tanto, su situación es más incierta que la de los empleados federales directos designados como “esenciales”.
Consecuencias económicas y personales del cese de actividades
Un cierre gubernamental no solo detiene la labor de ciertas agencias, sino que también genera repercusiones directas en los hogares de trabajadores, en las comunidades donde se prestan los servicios y en la economía nacional. Para los empleados que corrigen su salario sin interrupción, la continuidad implica tranquilidad financiera. Sin embargo, para aquellos en suspensión, la falta de ingresos puede derivar en presiones para cumplir con hipotecas, pagos de auto, educación o atención médica.
Las empresas que dependen del gasto federal —por ejemplo, en zonas donde el Gobierno es un empleador importante— también sufren al disminuir drásticamente el poder adquisitivo de los trabajadores suspendidos. Esto puede generar una cadena de efectos: menos consumo, menor actividad comercial, retrasos en proyectos claves, y un impacto macroeconómico que puede crecer si el cierre se prolonga.
Aspectos extra a tener en cuenta y cómo alistarse
Frente a la eventualidad de un cierre, tanto trabajadores como contratistas y sus familias pueden tomar medidas preventivas para reducir sus efectos. Disponer de un fondo de contingencia que cubra entre tres y seis meses de gastos es fundamental. Es importante examinar los acuerdos de servicio para determinar si la labor se considera esencial, lo que podría influir en la continuidad de los ingresos. Además, seguir de cerca las resoluciones del Congreso y del Ejecutivo en materia de financiación es crucial para prever una pronta reactivación de los pagos o la implementación de ayudas con carácter retroactivo.
