El Gobierno ha decidido finalmente aplazar a 2025 la entrada en vigor de la nueva Selectividad, según han indicado a EL PAÍS fuentes conocedoras de la medida. El cambio estaba previsto en principio para el próximo mes de junio con el fin de adecuar la Evaluación de Acceso a la Universidad (EVAU) al nuevo currículo por competencias del Bachillerato que se ha implantado con la nueva ley educativa, la Lomloe. El Ministerio de Educación había pedido informes jurídicos para saber si un Gobierno en funciones podía aprobar un decreto de tales características y la respuesta ha sido que no puede hacerlo. Los alumnos que están a punto de empezar segundo de Bachillerato se examinarán, por tanto, a final de curso de una prueba parecida a la última, aunque la orden que cada año regula la EVAU sí deberá introducir algunas modificaciones imprescindibles para adaptarse a la actual estructura de la etapa. Entre ellas, las nuevas asignaturas incluidas en el Bachillerato general o el hecho de que, además de Historia de España, en segundo curso ahora también es obligatoria la materia de Filosofía.

Educación decidió a finales de mayo paralizar la tramitación del decreto que establecía la nueva Selectividad. El cambio introducía exámenes más competenciales, con problemas más basados en el mundo real, y preguntas relacionadas entre sí. Dichas pruebas fueron ensayadas en marzo en medio centenar de institutos españoles. El ministerio echó el freno a la publicación de la norma a raíz de la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio, argumentando que se trataba de una decisión que debía tomar el Gobierno que saliera de las urnas. La pausa permitía, de paso, evitar, en pleno contexto preelectoral y después del mal resultado en los comicios autonómicos y locales para los partidos que integran el Ejecutivo, un asunto polémico. El PP llevaba meses pidiendo una EVAU única, pese a las dificultades técnicas y jurídicas que una prueba así entrañaría, y los rectores habían pedido públicamente retrasar el cambio a 2025.

En las últimas semanas, el ministerio ha realizado consultas jurídicas, tanto de forma oficial como oficiosa, a distintos organismos del Estado, y la respuesta que le han trasladado es que no puede publicar el decreto de Selectividad estando en funciones. Dado el inminente comienzo del curso, el ministerio tampoco podía esperar a una eventual investidura de Pedro Sánchez para aprobar la nueva norma, así que ha decidido prorrogar un año el actual modelo de EVAU.

Estaba previsto que la nueva Selectividad incluyera, además del enfoque más competencial, otras modificaciones, como el hecho de aumentar en un cuarto de hora la duración de las pruebas (hasta 105 minutos), o el de proporcionar a los alumnos las fórmulas matemáticas que tuvieran que aplicar en el ejercicio de la materia.

La decisión no ha sido sencilla porque la ley de educación aprobada en el Congreso en diciembre de 2020, la Lomloe, establece que los cambios en la Selectividad previstos en su artículo 38 deben empezar a aplicarse en el curso escolar en que el nuevo currículo se implante en segundo de Bachillerato. Es decir, a finales del curso que está a punto de empezar. Y el apartado 4 de dicho artículo 38 precisa: “Las Administraciones educativas y las universidades organizarán la prueba de acceso y garantizarán la adecuación de la misma a las competencias vinculadas al currículo del bachillerato, así como la coordinación entre las universidades y los centros que imparten bachillerato para su organización y realización”.

Aparte del mandato legal, retrasar el cambio de la EVAU va a generar una situación complicada en las aulas de segundo de Bachillerato. Por un lado, los docentes deben aplicar un nuevo currículo (es decir, el conjunto de contenidos, formas de enseñar y de evaluar) más competencial derivado de la actual ley educativa. Pero por otro, el examen que tendrán en el horizonte, que suele ser decisivo en cómo se trabaja el curso, dado lo que se juegan muchos chavales con la Selectividad, se parecerá bastante a lo que se ha venido haciendo en los últimos años.

Desde los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander, los rectores han mostrado su alegría. El retraso era una de sus peticiones al ministerio. Su presidenta, Eva Alcón, ha recordado que el curso académico está a punto de empezar y los alumnos “tienen que conocer las reglas de juego”.

Por su parte, el ministro Joan Subirats ha reconocido también desde los cursos que un gobierno en funciones tiene limitadas sus atribuciones: “No íbamos a poder responder a las demandas de las comunidades autónomas, porque estamos en esta situación de provisionalidad. Y sabíamos también de la demanda del propio sistema universitario que pedía una prórroga de un año”.

El Ministerio de Educación ya modificó en diciembre el calendario para transformar la prueba de acceso a las Universidades que presentó en julio de 2022. Inicialmente, el itinerario contemplaba que en junio de 2027 se aplicara un sistema muy distinto al tradicional, con menos exámenes y una gran prueba de madurez en la que se incluyeran competencias de diversas materias. Pero dicha prueba de madurez se retrasó a 2028, para dar más tiempo al profesorado y a los alumnos a habituarse al aprendizaje por competencias.

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