Casi dos años y tres elecciones después, parece que llega el deshielo en la guerra entre la Junta andaluza y el Gobierno a cuenta de Doñana. Este martes ambas Administraciones han sellado el principio de una paz tras un continuo cruce de reproches desde que en enero de 2022 la derecha andaluza presentara su primera proposición de ley para ampliar los regadíos en el entorno de Doñana. La norma, que tenía en contra a la Comisión Europea, la Unesco, la comunidad científica y los ecologistas, se queda en el aire de momento.
Este martes, entre sonrisas, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando han anunciado que la norma autonómica queda suspendida. La marcha atrás llega tras anunciar el Gobierno un plan de 350 millones para proyectos sociales en la comarca de El Condado de Huelva, donde están las tierras que la nueva ley pretendía convertir de secano a regadío.
Junta y Gobierno se dan un mes para concretar en qué se gastarán esos 350 millones, tras crear un grupo de trabajo desde ambas Administraciones, que pretenden abrir a los Ayuntamientos y agentes sociales de la zona.
“Hoy abrimos una nueva etapa de diálogo. Nuestro compromiso es cumplir con Doñana y ofrecer seguridad y progreso. Nos miran los vecinos de Doñana, los españoles y nos observan desde fuera”, ha dicho Ribera en referencia a las advertencias de la Comisión Europea y la Unesco. Si Bruselas amenazó a España con multas millonarias en caso de que no retirara la ley andaluza por incumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, la institución con sede en París alertó de que pondría a Doñana como Patrimonio de la Humanidad en peligro si no adoptaba medidas urgentes.
El acuerdo ha llegado en el último momento, solo un día antes de la presentación en el Parlamento andaluz de la ley para el debate final y su aprobación. Moreno se ha mostrado satisfecho con el acuerdo: “Será un diálogo sensato y ambos equipos tiraremos de audacia, capacidad, complicidad y generosidad para encontrar soluciones complejas que ayuden a mejorar el entorno de Doñana, con un equilibrio fino entre protección ambiental y desarrollo económico y social de la comarca”. Moreno avanzó este martes por la mañana el acuerdo a los agricultores que se habrían beneficiado de la ley ahora suspendida, y estos la recibieron “expectantes”, a la espera de que se concrete el destino del plan de inversión económica, según fuentes de la Junta.
Tanto Moreno como Ribera han dado por hecho que sus equipos negociadores encontrarán un acuerdo a finales de octubre para definir el destino apropiado del plan social, cuya cuantía de 350 millones es similar al que anunció el Gobierno hace un año para medidas medioambientales en Doñana. Sobre todo, para lograr que el agua superficial volviera a fluir en la reserva con la fluidez de hace décadas y para comprar fincas de regadío y aliviar la situación crítica del acuífero, declarado sobreexplotado hace ya dos años.
La información es la primera herramienta contra el cambio climático. Suscríbete a ella.
Suscríbete
El plan de la derecha andaluza para aumentar en más de un millar de hectáreas buscaba derogar el plan vigente de 2014, diseñado para que el Parque Nacional se recuperara del saqueo del agua por parte de los agricultores sin permisos. Suspendido este plan, Moreno se ha comprometido a impulsar las medidas del plan de 2014, que durante nueve años la Junta ha desarrollado a paso de tortuga. “Tenemos que cumplir con ese acuerdo de ley”, ha admitido el presidente andaluz.
Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal