Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en 2022.
Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en 2022.JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)

El juez Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, ha admitido a trámite este lunes la querella presentada por la Fiscalía contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso no consentido que dio a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración de la victoria de la selección femenina en el Mundial. El magistrado ha abierto así la vía penal contra el exdirectivo y ha comenzado ya a recabar vídeos sobre lo ocurrido, según consta en un auto firmado este 11 de septiembre. En su denuncia, el ministerio público aprecia un posible delito de agresión sexual y otro de coacciones.

Pese a las peticiones que la Fiscalía puso la pasada semana sobre la mesa para impulsar el procedimiento —solicitó citar a declarar como imputado a Rubiales, y recabar igualmente el testimonio de la futbolista—, el juez ha optado primero por centrarse en otras pruebas. De Jorge ha ordenado, “por ahora”, obtener toda una batería de vídeos “relacionados con los hechos”. Tanto del beso, como de la celebración de las deportistas en el vestuario y en el autobús, según consta en su resolución.

En este sentido, el instructor ha requerido a la Policía Judicial que se dirija a varios medios de comunicación (EL PAÍS, RTVE, As y La Vanguardia) para recopilar imágenes del momento del beso “desde todos los ángulos”, así como de “los minutos inmediatamente anteriores y posteriores”. También, remacha el auto, los vídeos “de la celebración en el vestuario” y “en el autobús de la selección española de fútbol femenino”.

Con esta decisión, la Audiencia Nacional asume la competencia y da el pistoletazo de salida a la judicialización del caso Rubiales, que ha sacudido al deporte y a la sociedad española desde hace tres semanas. Además, la admisión a trámite se produce solo unas horas después de que el mandatario federativo anunciase su dimisión como presidente de la RFEF y como vicepresidente de la UEFA. Rubiales se encontraba suspendido provisionalmente por la FIFA desde el 26 de agosto. “Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta”, se defendía este domingo en un comunicado.

La causa comienza a carburar con dos delitos bajo el radar. La teniente fiscal de la Audiencia, Marta Durántez, firma la querella contra Rubiales por presunta agresión sexual y por coacciones. Por un lado, el ministerio público entiende que “el acto sexual” sufrido por la futbolista “no fue consentido”: le “da un beso en la boca mientras agarra con las dos manos la cabeza de Jennifer Hermoso, sin el consentimiento de esta”. Y por otro, basándose en la declaración prestada por la jugadora en la sede de la Fiscalía General del Estado, la acusación añade que el presidente de la Federación y su entorno presionaron de forma “constante y reiterada” a la deportista para que saliera en público a “justificar y aprobar” los hechos: “Hermoso sufrió una situación de hostigamiento, en contra del desarrollo de su vida en paz, tranquilidad y libremente”, remacha la querella.

El Código Penal contempla penas de cárcel para ambos delitos: de uno a cuatro años por agresión sexual, y hasta tres años por coacciones. Sin embargo, en determinadas circunstancias, prevé la posibilidad de que solo se impongan multas, según “la gravedad” y la “entidad” de los hechos.

Antes de conocerse la admisión de la querella de la Fiscalía, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ya celebraba la dimisión de Rubiales y manifestaba su deseo de que no pudiera volver a ocupar un cargo similar. “Yo lo que espero es que se le inhabilite en una sentencia, no que sea voluntario. […] Esperamos que sea una sentencia de inhabilitación lo que no le permita volver, porque así lo prevé la ley”, ha dicho la representante del Ejecutivo.

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