El despacho del fiscal de sala coordinador de menores, Eduardo Esteban (Hoyuelos —Segovia—, 1957), está decorado con cuadros y esculturas realizadas por jóvenes internos en centros de menores. Adolescentes que intentan dejar atrás un pasado delictivo en una sociedad que exhibe la violencia por las redes. La memoria anual de la Fiscalía General del Estado alertaba esta semana de una “explosión delictiva” entre la juventud nunca antes vista, pero Esteban se congratula de que España está muy lejos en cuanto a violencia juvenil de otros países como Estados Unidos. Las armas de fuego no están en el escenario de la gran mayoría de los delitos cometidos por los jóvenes, pero sí las armas blancas, y de estas, las “más brutales”, advierte. Reconoce que el sistema educativo está fallando en la prevención, pero incide en que la responsabilidad no recae únicamente en la escuela. Muestra su fe en el sistema judicial y cree que los centros de internamiento de menores están funcionando: solo el 8% de los infractores reincide.

Pregunta. El panorama que describe la memoria anual sobre los delitos cometidos por jóvenes es alarmante. ¿Qué es lo que más le preocupa?

Respuesta. En los últimos seis o siete años se ha duplicado, por ejemplo, el número de agresiones sexuales, que en 2022 crecieron un 46%. Han aumentado todos los delitos que tienen que ver con la violencia entre los jóvenes. Los homicidios, las agresiones; dentro de los delitos contra la propiedad han disminuido los robos con fuerza, pero han aumentado ligeramente los robos con violencia. Lo que nos preocupa es que los jóvenes incorporen la violencia a su forma de vida, que la adopten como vía para entenderse o relacionarse.

P. ¿Los jóvenes de hoy son más violentos que los de hace una década o es que ahora se denuncia más?

R. Hay una trivialización y banalización de la violencia. Y eso es lo preocupante. No sé si es tanto la cantidad como la calidad. No sé si es que hay más violencia o es que la violencia se ha asumido como una consecuencia y no les importa. Algunos de los hechos que hemos tenido el año pasado son jóvenes que se citan a través de internet o de las redes para quedar a pegarse. Sencillamente. Lo aceptan, lo graban y lo difunden. ¿Hay más violencia? No lo sé, pero esta violencia no era habitual, no la conocíamos. Para los chicos la integridad física no es un bien, la arriesgan sin ningún problema.

P. Las cifras de infracciones de homicidio y asesinato, consumados o en grado de tentativa, por primera vez superan el centenar. ¿Dónde aprenden los jóvenes a matar?

R. A esas edades están en época de formación y son como una esponja. Está en los ordenadores, los teléfonos, en las redes. En el ámbito sexual, como no tenemos una buena educación sexual, acuden a la pornografía. Piensan que esas son las relaciones sexuales normales, nadie les dice que el porno está basado normalmente en la violencia y la dominación, y nadie les habla de las relaciones sanas. En los delitos violentos puros, como lesiones u homicidios, ocurre igual. Si se retan para pegarse y grabarlo, los consumidores de eso son luego los propios jóvenes. Les importa más un like que el riesgo que puedan correr. ¿Qué buscan? Ser reconocidos y por eso se sirven de esos medios.

P. ¿Hay un perfil robot de integrantes de las bandas juveniles?

R. Antes hablábamos de bandas latinas porque tenían su origen en esos países y venían incluso con su nombre. Pero hoy en día, no. Son chicos procedentes de familias de esas nacionalidades, pero también españoles o marroquíes. Todos concurren en esas bandas, que son tristemente un mecanismo de integración.

P. ¿Son jóvenes que siguen dentro del sistema educativo o predomina un perfil de abandono escolar?

R. Hay de todo. Muchos de ellos estudian, por razones de edad. Evidentemente, son chavales llamados a abandonar el sistema educativo en cuanto pueden, a los 16 años. Pero es que empiezan antes en las bandas, a veces con 13 o 14 años, y eso les lleva a estar en el sistema escolar y en la banda a la vez.

P. ¿Los autores son en su mayoría jóvenes vulnerables de entornos marginales o eso está ya cambiando?

R. Depende del tipo de delito. Los delitos contra la propiedad generalmente se siguen cometiendo por personas en una situación económica precaria. Pero si hablamos de delitos sexuales, es más variopinto. Antes la violencia de las bandas se circunscribía a grandes ciudades, ahora hemos tenido casos en Guadalajara o en la provincia de Segovia. Se están desplegando, y eso no es una buena noticia.

Esteban, en su despacho de Madrid.
Esteban, en su despacho de Madrid.Claudio Álvarez

P. ¿Hay que regular la venta de armas blancas?

R. En las bandas juveniles no suelen aparecer armas de fuego, y si las hay, son muy rudimentarias. Estos jóvenes, por lo general, no suelen tener acceso a pistolas o fusiles. Lo que más hay son armas blancas, eso sí, las más brutales: machetes grandes, puñales grandes… Esas armas también están prohibidas, están reglamentadas y no las puede tener cualquiera, pero hay una dejación y hay que establecer un sistema de mayor control. No puede ser tan fácil comprar esas armas. Prohibirlas no se puede porque algunas son herramientas, por ejemplo, las hachas. Luego hay un aspecto casi fetichista: quien se mete en una banda seguramente presume y dice “mira lo que tengo”, y no van a presumir de un cuchillo que han cogido de la cocina de su casa.

P. Hay un tema que ha generado una especial alarma social en los últimos años, las manadas, las agresiones sexuales en grupo. ¿España vivía de espaldas a ese delito o es que nunca antes había existido?

R. Siempre existió. Aunque ahora es un modelo mucho más moderno. El delito sexual tradicional que veíamos hace 30 o 40 años era un delito clandestino, de una persona contra otra. ¿Por qué? Por la propia represión de la sociedad, de la que también forman parte los agresores. Teníamos unas relaciones sexuales muy reprimidas y éramos muy pudorosos con nuestra intimidad, a nadie le gustaba hacer esas cosas en público. Antes era impensable mantener relaciones en el baño de una discoteca. Los tiempos han cambiado. Hay un aspecto muy positivo que es la liberación, pero con el inconveniente de que han cambiado los métodos. Por otra parte, cada vez ha entrado más gente joven en ese tipo delictivo. Y la idiosincrasia de los jóvenes es compartir, mucho más que la de los adultos. Lo graban para enseñárselo a los demás. Antes era muy difícil probar los delitos sexuales; ahora la prueba nos la procuran ellos mismos. ¿Quiero esto decir que no les importa que les pillen? No, claro que les preocupa, pero valoran más lo otro. Prefieren ser aplaudidos.

P. ¿Qué papel juega el alcohol u otras drogas en lo delictivo?

R. Es un desinhibidor, pero no es un factor determinante. En el ámbito de menores no tiene mucha trascendencia jurídica que hayan consumido, no es como en el de los adultos. La nocturnidad, la alevosía… no tienen efectos agravatorios, no lo tenemos en cuenta. Cuando vamos a juzgar a un adulto, miramos qué pena se merece. Con el menor nos fijamos en qué medida necesita. La justicia juvenil se basa más en la recuperación y en la reeducación.

P. ¿Qué suelen necesitar?

R. Para los casos más graves se acude al internamiento en régimen cerrado. Es la manera de garantizar que la educación que se le va a dar va a surtir efecto. Hay una gran diferencia entre una cárcel y un centro de internamiento de menores. En la cárcel la seguridad es casi todo. En los centros de menores los que tratan directamente con ellos son los educadores. Además, hay clases obligatorias, aprenden oficios y no hay masificaciones. Los tratamientos terapéuticos también son obligatorios. Por todo ello, la tasa de reincidencia es bajísima, un 8%. Creo que están funcionando.

P. Ese uso casi inconsciente de los móviles, la rapidez con la que circulan contenidos íntimos son también parte del problema. ¿Usted regularía el uso de estos dispositivos entre los adolescentes?

R. Todos tenemos que implicarnos, no solo la policía, los fiscales o los jueces. Nosotros intervenimos cuando ya se ha producido el hecho y esto solo lo cura una buena prevención, educación. Las familias no pueden pedir la tutela de papá Estado. Todos estamos de acuerdo en que algo hay que hacer; pues empecemos a trabajar. No creo que sea tan difícil prohibir a un menor el uso del teléfono en un determinado momento.

P. Holanda ha sido uno de los últimos países europeos en prohibir el uso de móviles en los centros educativos a partir de 2024 (también Italia o Francia). En España lo han prohibido Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia. ¿Cree que esa podría ser parte de la solución?

R. Creo que sí es posible la limitación. Prohibir el uso a unas determinadas horas. A los menores hay que educarles en el uso y los beneficios de las redes sociales, pero también en su perjuicio. Estamos empezando a notar que hay un problema de adicción y es muy difícil de tratar. No se trata de prohibirlo, sino de regularlo. Y con la pornografía, igual. No son medidas prohibitivas, sino educativas.

P. ¿Cree que una medida como el PIN parental propuesto por la ultraderecha podría agravar el problema al impedir el tratamiento de ciertos contenidos en la escuela?

R. No es un tema de los colegios, sino global. Todos estamos llamados a educar a los menores, sean nuestros hijos o no. Los hijos no son propiedad de los padres. Los contenidos que se imparten a este respecto deben ser objeto de una regulación acordada por todos. La mejor solución no es el “haga usted lo que quiera con su hijo”.

P. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil acuden a los centros educativos a dar charlas para prevenir diferentes tipos de violencia. También existe la figura del agente tutor, policías de paisano que ayudan a los chavales más conflictivos. ¿Cree que es insuficiente?

R. Creo que son recursos muy valiosos. Además, la Lopivi (Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia) establece la necesidad de crear en los colegios una figura a la que puedan acudir menores agredidos, rol que suele asumir uno de los docentes. El problema es que hay centros que interpretan que intervenir en estos casos les da mala imagen, sobre todo si son privados, creen que no les conviene. Ante una denuncia de acoso escolar, en lugar de colaborar en la solución del problema, lo niegan.

P. ¿Es partidario de rebajar la edad penal?

R. Creo que no. Tengo fe en la justicia española, especialmente en la juvenil. La privación de libertad es una limitación demasiado grande para un menor de 14 años, tiene que haber una alternativa. En esos casos, son las comunidades autónomas las que valoran si el menor necesita algún tratamiento, como sucede con los chavales que están en situación de desamparo. Lo importante es desterrar esa leyenda de que mientras no sean mayores de edad no les pasa nada y sus actos no tienen consecuencias… las hay y pueden ser muy malas.

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