La salud dental nunca ha sido el fuerte de la sanidad pública en España. El Gobierno hizo un avance el año pasado ampliando la cartera de servicios, pero hay uno que se quedó atrás. Cuando la caries llega al nervio, la última alternativa que ofrece a los niños hasta 14 años (para mayores, por lo general, no ofrece tratamiento) es extraer la pieza dental, a pesar de que existen técnicas que “pueden conservarla perfectamente”, dice el odontólogo Francisco Javier Cortés-Martinicorena.

Junto a otros dos colegas, Cortés-Martinicorena ha publicado en agosto una carta al director de Gaceta Sanitaria ―la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas)― en la que critican la “inequidad en la cartera común de servicios bucodentales del Sistema Nacional de Salud”. En comunidades como Navarra y País Vasco sí ofrecen a estos niños una endodoncia, la intervención más frecuente para estos casos.

“Las familias que vayan al centro de salud por una caries, cuando su dentista les diga que lo único que les ofrece es la extracción, si quieren conservar el diente tendrán que acudir a uno privado. ¿Quiénes harán esto? Evidentemente, los que tengan la formación para pensar en ello, la información de que se puede conservar y los suficientes recursos económicos para costearlo”, explica el odontólogo a EL PAÍS en conversación telefónica.

Según Cortés-Martinicorena, esa restricción antes no existía. “Mi asombro es que se pueda limitar el tratamiento de una enfermedad dependiendo de su intensidad. Imagina que tienes cáncer y te digan que si está muy avanzado, no se trata. Eso no se puede hacer, y la caries es una enfermedad más”, continúa. De hecho, es la patología no transmisible más común. Según la Encuesta de Salud Oral de España, de 2020, afecta a un 36% de la población infanto-juvenil y al 94% de los adultos.

El nuevo plan

El Plan para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud, aprobado el 15 de junio de 2022 y que está todavía en proceso de implementación, cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros para aumentar las prestaciones, con especial foco en niños, mayores de 65 años, embarazadas, dependientes y enfermos oncológicos.

Se centra en la prevención, con consultas periódicas que antes no estaban incluidas, limpiezas y radiografías, en caso de ser necesario y beneficia a siete millones de personas. Las embarazadas ahora tienen derecho a realizar al menos una visita odontológica, “preferentemente durante el primer trimestre del embarazo”. Los niños hasta los 14 años pueden acceder a revisiones para determinar el riesgo de caries, algo que se potencia en los dos primeros años de vida para establecer la periodicidad de las visitas al dentista. También hay tratamientos de empastes para ellos.

Pero cuando la lesión es más profunda y llega al nervio, el documento que firmaron Sanidad y las comunidades autónomas excluye, además de ortodoncias y tratamientos meramente estéticos, los “tratamientos pulpares”. Los más frecuentes son las endodoncias, popularmente conocidas como “matar el nervio”, lo que permite conservar la pieza durante años pese al daño.

Una de las justificaciones que aduce el documento es “su elevada tasa de fracaso, el ensañamiento terapéutico que supone y por su elevado coste”. Las dos primeras apreciaciones, según el artículo publicado en Gaceta Sanitaria, “están fuera de la ciencia odontológica y de la realidad clínica de la odontología de hoy”. Además, según expone, el gasto tampoco sería desmesurado. Para ello, ponen los ejemplos de Navarra y País Vasco, comunidades que llevan más de 30 años tratando las caries sin limitación y donde los tratamientos pulpares “suponen una mínima parte de la actividad asistencial básica”, con unas tasas entre el 0,24% y el 0,86% en la última década.

El plan, incide el autor principal de la carta, supone una discriminación en función del territorio de residencia: “Si un niño vive en La Rioja, ante la misma caries, se queda sin diente, mientras que a pocos kilómetros, se lo conservan”. Consultado por este periódico, el Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado sobre estas diferencias.

Priorización de los vulnerables

Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas y miembro del comité que asesoró al Ministerio de Sanidad para elaborar el plan, explica que la idea es priorizar a los colectivos más vulnerables o que más necesitan el servicio. “Lógicamente, queremos dar todos los servicios posibles, pero tienen un coste que tenemos que pagar entre todos. Si das todos los servicios dentales, hay que pagar los dentistas, al personal auxiliar, las unidades y la prestación que se va a dar. Por eso, se apuesta por la prevención, para evitar los daños antes de que se produzcan”, explica, sin entrar en qué tratamiento habría que priorizar. “Eso corresponde a las sociedades científicas y la decisión, a los políticos”.

Según los últimos datos de Sanidad, de 2019, en España había 950 dentistas en el sistema público para atender a 47 millones de españoles. Y, como recuerda Castro, al contrario que sucede con otras especialidades sanitarias, no existe precisamente una falta de profesionales. “De las facultades de odontología salen cada año 1.850 profesionales. Somos el caladero de Europa”, asegura.

Los tratamientos bucodentales suponen de los mayores gastos en salud de los españoles (junto a los medicamentos) y el presupuesto público solo cubre un 1%, frente al 30% de media en la Unión Europea, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2021. La falta de cobertura pública de prestaciones como las dentaduras generan auténticos dramas entre las personas con menos recursos. Así lo resume Castro: “Vemos en la consulta a personas mayores con pensiones de 600 euros que casi no tienen para comer, es imposible que les llegue para ponerse dientes”.

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